Jean-Bertrand Aristide

La tormentosa historia reciente de Haití ha girado en torno a la figura controvertida de Jean-Bertrand Aristide, el sacerdote salesiano paladín de los pobres que con un discurso de izquierda e impregnado de la Teología de la Liberación se convirtió en 1991, tras décadas de brutales dictaduras, en el primer presidente elegido democráticamente desde la independencia en 1804. Rápidamente derrocado por oficiales reaccionarios y en 1994 repuesto en el cargo por la comunidad internacional, el carismático Aristide agotó su mandato dos años después y en 2001 regresó al poder con otra mayoría electoral avasalladora. Su segundo ejercicio naufragó estrepitosamente por el estancamiento económico, la falta de fondos y la explosión de una violencia política que sus actitudes radicales contribuyeron a agravar. En 2004, una caótica revuelta de cabecillas facciosos iniciada en provincias le acorraló en Puerto Príncipe; amenazado por los rebeldes, pero presionado también por Estados Unidos y Francia, el mandatario marchó rumbo a un exilio forzoso en Sudáfrica.

(Texto actualizado hasta febrero 2010)

1. De las homilías liberacionistas a la Presidencia de la República
2. El frustrado experimento democrático de 1991: golpe de estado y expulsión del país
3. Restitución por la comunidad internacional en 1994 y conclusión del mandato en 1996
4. Ruptura del Lavalas, ascendiente sobre Préval y regreso al poder en 2001
5. Los desafíos del segundo mandato: cúmulo de problemas y acentos autoritarios
6. La violenta revuelta de 2004 y la caída de Aristide
7. En el exilio sudafricano


1. De las homilías liberacionistas a la Presidencia de la República

Nacido en el seno de una familia de campesinos pobres del Departamento Sud, en la península del sudoeste, a la edad de tres años quedó huérfano y fue recogido por los padres salesianos, que le proporcionaron la educación primaria. Tras graduarse en 1974 en el Colegio de secundaria Notre Dame de Cap-Haïtien, regentado por la Congregación de la Santa Cruz, completó sus estudios de noviciado en el seminario que la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco tenía en La Vega, en la vecina República Dominicana. Al cabo de un año regresó para estudiar Filosofía y Escolástica en el Gran Seminario Notre Dame de Cazeau y Psicología en la Universidad Estatal de Haití, por la que se licenció en 1979 con una tesina titulada Remise en question de la mission de la croix à la Croix des Missions.

Aristide ingresó de acólito en la parroquia de Sainte Croix de la localidad de Croix des Missions, junto a Puerto Príncipe, y también debutó como locutor de un programa radiofónico religioso, actividad en la que despuntaron sus inclinaciones contestatarias frente al Gobierno despótico de Jean-Claude Duvalier, alias Baby Doc (continuador en 1971 de la feroz dictadura dinástica inaugurada en 1957 por su padre, François Duvalier, Papá Doc) y que motivó la intervención de sus superiores salesianos, quienes le instaron a completar su formación en el extranjero con cargo a los recursos de la orden.

Durante seis años, Aristide realizó estudios bíblicos en Roma, Jerusalén y Canadá, estancias que aprovechó para aprender los idiomas italiano, hebreo e inglés, respectivamente, y que añadió al español y al portugués, que ya conocía, además de sus dos lenguas vernáculas, el francés y el créole. Ésta última era y es la lengua mestiza ampliamente hablada por las masas negras, que componían los estratos más bajos de la sociedad, en tanto que las clases acomodadas y la reducida élite burguesa, preferentemente mulata o blanca, siempre habían hecho del francés dejado por los colonizadores europeos uno de sus signos de distinción social.

En mitad de su formación canónica en el extranjero, en julio de 1982, el postulante retornó temporalmente a Haití para recibir la ordenación sacerdotal y ejercer su primer magisterio en la parroquia de Saint Joseph, que los salesianos regentaban en Croix-des-Bossales, un barrio de la deprimida área septentrional de Puerto Príncipe. A su regreso definitivo, en enero de 1985, la orden le encomendó la dirección del programa de estudios de su Escuela Nacional de Artes y Oficios (ENAM) en Puerto Príncipe y le confirió la titularidad de la parroquia de Saint Jean Bosco en La Saline, populoso suburbio chabolista asomado al mar y lindero con Croix-des-Bossales.

Menudo, enteco, de aspecto frágil y tímido, rasgos que acentuaban unos anchos lentes, el padre Aristide, apodado Titid por su feligresía, adquirió celebridad en La Saline trabajando con los parroquianos en obras sociales, denunciando en sus homilías la miseria y la explotación de que eran objeto la inmensa mayoría de los haitianos pobres y pregonando la Teología de la Liberación, guitarra en mano y expresándose en créole, todo lo cual le permitió penetrar profundamente en la cultura popular y en la mentalidad, llena de temores, amargura y anhelos, de sus paisanos de color, que acudían en tropel a escucharle. No tardó en convertirse en un personaje conocido en todo el país y del que se hacían eco los corresponsales extranjeros, que le señalaban como el más virulento fustigador del orden establecido.

Sus sermones galvanizadores contribuyeron a extender el clima de descontento popular que en febrero de 1986 cristalizó en la revuelta que derrocó a Duvalier y le obligó a huir al exilio, una vez perdido el favor del Gobierno estadounidense. Desde entonces y a lo largo de 1987, el salesiano no se cansó de denunciar, en el altar de la iglesia o a pie de calle, encabezando las manifestaciones de sus fieles, a la junta militar del general Henri Namphy, subida al poder tras la caída de Baby Doc, que comparó con "Satán".

Por esta época, Aristide fue objeto de varios intentos de asesinato por paramilitares de extrema derecha, bandas que actuaban impunemente al estilo de los escuadrones de la muerte centroamericanos y que seguían activas a pesar del anuncio de la disolución de los temidos y odiados Tontons Macoute (literalmente, los tíos del saco), la guardia pretoriana del duvalierismo que había practicado a su antojo el terrorismo de Estado. En agosto de 1987 Aristide resultó herido de levedad cuando unos desconocidos detuvieron con una barricada y a continuación incendiaron el vehículo en el que viajaba junto con otros sacerdotes por una carretera al norte de la capital.

Pero el atentado más conocido y que más indignación generó en las opiniones públicas nacional e internacional se produjo el 11 de septiembre de 1988, días antes del golpe de Estado que reemplazó a Namphy por el general Prosper Avril como el dictador militar de turno, cuando hombres armados con pistolas, machetes y porras asaltaron la parroquia de Saint Jean Bosco, convertida en el centro del movimiento Ti Église (La Pequeña Iglesia) impulsado por Aristide, en pleno servicio religioso: él salvó la vida, pero al menos 13 fieles resultaron muertos y 77 más heridos. En cuanto al edificio, fue pasto de las llamas. La prensa consideró que el bárbaro ataque contra Saint Jean Bosco precipitó la intervención de un sector del Ejército preocupado por el caos político y las condenas internacionales al régimen neoduvalierista de Namphy.

Las agresiones y las intimidaciones no arredraron al sacerdote, que continuó lanzando diatribas contra la corrupción y los abusos del Gobierno militar, la rapacidad de las clases dirigentes y el abismo socioeconómico que les separaba del pueblo llano. Pero también contra lo que él consideraba una política imperialista de Estados Unidos hacia su país. Su oratoria encendida se escuchaba también en las ondas, y la emisora Radio Soléil se convirtió en el altavoz permanente de sus sermones, que vieron así multiplicada su audiencia, y de sus llamamientos a resistir con la no violencia a los "criminales en el poder". Este intenso activismo, descrito como revolucionario de izquierdas, era bastante más de lo que la jerarquía católica estaba dispuesta a tolerar, así que sólo había transcurrido un mes desde la masacre de Saint Jean Bosco cuando Aristide recibió una misiva directamente desde la casa central de la Sociedad Salesiana en Roma, donde se le ordenaba abandonar su misión pastoral en Haití y trasladarse a Canadá.

Confortado por miles de seguidores que salieron a manifestarse en su apoyo, Aristide se negó a dejar el país. En diciembre de 1988, la orden salesiana —al parecer, por instigación del nuncio apostólico en Puerto Príncipe— tomó la decisión drástica de expulsar al rebelde de su seno con el argumento de que estaba "incitando al odio y la violencia", si bien respetó su estatus clerical, el cual sólo podía suspender el Vaticano, y ese castigo —pese a lo divulgado habitualmente por los medios de comunicación— nunca se produjo. Aristide continuó siendo un sacerdote, bien que privado de las funciones ministeriales, a menos que ingresara en otra orden o se incardinara como cura diocesano, pasos que tampoco tomó.

Aunque no podía ejercer la labor pastoral, Aristide siguió participando en actividades religiosas y benéficas al frente del hogar de acogida para huérfanos La Fanmi Se Lavi (La Familia es la Vida). Más aún, se dedicó abiertamente al activismo político, multiplicando los mensajes de esperanza y de unidad en las barriadas negras, y criticando al régimen castrense de Avril y luego al ejecutivo cívico-militar de transición tutelado por el general Hérard Abraham, el cual, cosa insólita en un alto mando militar haitiano, se avino a abrir un proceso democrático sin subterfugios fraudulentos ni excesos represivos.

El 18 de octubre de 1990 Aristide aceptó presentarse a las elecciones presidenciales convocadas por la presidenta interina, Ertha Pascal-Trouillot, como el candidato del Lavalas (palabra créole que denomina al torrente que baja de la montaña después de una tormenta, que todo lo lava), un movimiento prodemocracia que aglutinaba a asociaciones cívicas, eclesiásticos liberacionistas, sindicatos, partidos y organizaciones de la izquierda no comunista. El más importante componente del Lavalas, que adoptó el símbolo del gallo rojo, era el Frente Nacional para el Cambio y la Democracia (FNCD), a su vez una coalición encabezada por el Comité Nacional del Congreso de Movimientos Democráticos (Konakom), de talante socialdemócrata y con Víctor Benoït de líder.

En las trascendentales elecciones presidenciales del 16 de diciembre de 1990, primeras plenamente democráticas en los 187 años de historia de Haití como Estado independiente, Aristide demostró a las claras la inmensa popularidad de que gozaba en las capas más desfavorecidas de la población y arrolló con el 67,5% de los votos a una decena de contrincantes. El más adelantado de los rivales fue, con el 14,2% de los sufragios, Marc-Louis Bazin, político conservador del agrado de Estados Unidos y líder del Movimiento para la Instauración de la Democracia en Haití (MIDH), que se había aliado al Partido Nacionalista Progresista Revolucionario (PANPRA, socialdemócrata), dando lugar a la Alianza Nacional para la Democracia y el Progreso (ANDP). En tercer lugar quedó Louis Dejoie, del Partido Agrícola e Industrial Nacional (PAIN). En las legislativas, que requirieron una segunda vuelta el 20 de enero, el FNCD obtuvo una mayoría simple de 27 diputados sobre 83, seguido por la ANDP con 17 escaños y el PAIN con seis.


2. El frustrado experimento democrático de 1991: golpe de estado y expulsión del país

El 7 de febrero de 1991 Aristide tomó posesión de la jefatura del Estado con un mandato de cinco años. La histórica ceremonia del traspaso de poderes se produjo exactamente un mes después de frustrar el Ejército leal a las órdenes del general Abraham un movimiento golpista de inequívoco sello involucionista que encolerizó a los aristidianos y desencadenó una ola de represalias criminales contra conocidos elementos ultraderechistas. El cabecilla de la intentona fue nada menos que Roger Lafontant, quien fuera ministro del Interior y jefe de los Tontons Macoute bajo Jean-Claude Duvalier.

Como presidente de la República, Aristide aparcó provisionalmente los contenidos más radicales de su mensaje político y solicitó la cooperación de Estados Unidos y de Francia, consciente de lo abrumador de la empresa que se había comprometido a realizar ante sus esperanzados seguidores: no ya eliminar, sino reducir las injusticias sociales y la espantosa miseria del país "a un nivel digno de pobreza". Para eso, hacían falta grandes aportaciones económicas internacionales, ya que las arcas del Estado estaban exangües y podar el presupuesto del Ejército, que integraban 7.000 uniformados, resultaba peligroso.

Entonces, Haití era con diferencia el país menos desarrollado de América y sus indicadores sociales presentaban un cuadro más deplorable que el de varios estados de África subsahariana: la esperanza de vida andaba en los 56 años, la tasa de mortalidad infantil rozaba el 10%, el analfabetismo afectaba al 53% de la población adulta y el PIB dividido por cada uno de sus 6,5 millones de habitantes daba un cociente de 400 dólares. Para colmo de males, la exigua economía formal, basada en la exportación de productos agrícolas con precios inestables en los mercados internacionales —cacao, café, azúcar de caña— y en una incipiente industria de manufacturas subcontratadas destinadas también a los mercados foráneos, estaba en recesión y la inflación alcanzaba el 25%.

Revestido de poderes especiales por la Asamblea Nacional y respaldado por el FNCD y algunas formaciones menores, Aristide formó un Gobierno a cuyo frente colocó al dirigente del FNCD y amigo personal René Préval, planteó una serie de actuaciones urgentes para dignificar las condiciones de los trabajadores (introducción del salario mínimo), emprendió una campaña de alfabetización y propició una drástica reducción de las violaciones de los Derechos Humanos. En estos primeros momentos existía una gran confianza en la gestión del antiguo salesiano, ahora que los proveedores internacionales —gobiernos como el francés y el estadounidense, y organizaciones como la Comunidad Europea, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)—, respondían positivamente a los llamamientos del presidente y desbloqueaban partidas de ayuda al desarrollo, líneas de crédito y subvenciones al comercio.

Sin embargo, como la intentona de Lafontant puso de manifiesto, el movimiento de reacción contra el nuevo orden democrático empezó incluso antes del traspaso de poderes. Los potentados rurales, la alta burguesía urbana y el estamento militar, impregnados de conservadurismo, siempre habían temido las prédicas redentoristas, más que meramente populistas, del sacerdote, y ahora que el eclesiástico metido a estadista tenía el mando político, avizoraban un gran peligro para sus privilegios.

En las semanas y meses posteriores a la asunción presidencial, un rosario de denuncias de complots, motines de unidades policiales y militares, y detenciones de antiguos tontons macoute del círculo de Lafontant con aviesas intenciones fue tensando el ambiente y brindó la antesala propicia para el golpe de Estado. Las apelaciones por Aristide y miembros del Gobierno a los militantes del FNCD y las masas populares, que sin necesidad de ser espoleadas desde arriba ya exteriorizaban su ansiedad de mejoras en sus maltrechos estándares de vida, para que defendieran en la calle a las autoridades legítimas sirvieron para disparar los miedos de los poderes fácticos a una revolución social inminente. Llegado agosto, la Cámara de Diputados amagó con lanzar una moción de censura contra Préval y su Gabinete por la escasa materialización de las reformas prometidas, que obstaculizaba una función pública corrupta e ineficiente.

Así, el 30 de septiembre de 1991, a ocho meses escasos de llegar a la Presidencia, Aristide fue derrocado en un sangriento golpe de Estado dirigido por el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Raoul Cédras, quien justificó la acometida porque había que "pararle los pies a este aprendiz de dictador". El triunfante cuartelazo produjo una treintena de muertos. Capturado en el Palacio Nacional por los soldados, en los que afloró algún amago de lincharle, Aristide recobró la libertad a las pocas horas y al día siguiente por la mañana le fue permitido subirse a un avión enviado por el Gobierno de Venezuela y emprender el camino del exilio con primera parada en Caracas, donde el presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez le acogió con los brazos abiertos.

Cédras y sus compañeros de junta, el general del Ejército Philippe Biamby y el teniente coronel de la Policía Joseph-Michel François, completaron su acción golpista el 8 de octubre, cuando sus hombres asaltaron el edificio de la Asamblea Nacional y, literalmente a punta de pistola, obligaron a los aterrorizados senadores a declarar vacante la jefatura del Estado y a investir al juez Joseph Nérette, magistrado del Tribunal Supremo, presidente provisional de la República. En la misma sesión se decidió cesar también a Préval y su Gobierno. Tres días después, Nérette nombró un primer ministro interino en la persona del activista humanitario Jean-Jacques Honorat, quien como él se plegó a hacer de títere de los militares, los cuales optaron por disfrazar su poder de facto con una fachada de legalidad constitucional. Un mes después, el Gobierno de Honorat emitió sendas órdenes de detención contra Aristide y Préval.

El fatal ciclo de los gobiernos truncados por la fuerza de las armas, y últimamente envenenado por una herencia duvalierista que no terminaba de resolverse, había vuelto a las andadas en Haití. La penúltima defenestración de un mandatario civil se remontaba a tres años atrás, en junio de 1988, cuando Leslie Manigat, elegido con fraude, con una abstención superior al 90% y bajo un clima de terror en las elecciones de enero de aquel año, fue despedido del cargo por el mismo hombre que le había proyectado, el general Namphy, quien no toleró su destitución por Manigat como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Ahora, sin embargo, Aristide no tenía ninguna intención de resignarse a su remoción y de aceptar los hechos consumados, máxime porque el golpe concitó la condena unánime de los gobiernos amigos y de las organizaciones internacionales de las que Haití era miembro, empezando por la ONU y la OEA. La Comunidad del Caribe (CARICOM), integrada por los estados anglófonos de la región, también rechazó la ruptura constitucional en Puerto Príncipe. La OEA decretó el embargo comercial con carácter inmediato y el Gobierno de Estados Unidos ordenó la congelación de los fondos haitianos en su territorio.


3. Restitución por la comunidad internacional en 1994 y conclusión del mandato en 1996

Tan solo dos días después del golpe, Aristide voló a Washington, donde se cercioró de que la OEA y la ONU seguían considerándole el presidente legítimo y elevó un llamamiento a la resistencia civil y no violenta de los haitianos, sobre los que empezó a abatirse una terrible represión. Cientos de sus partidarios fueron asesinados por paramilitares y soldados a lo largo y ancho del país. En la degollina perecieron también, en confusas circunstancias, personajes dispares como Lafontant, asesinado en la penitenciaría donde cumplía cadena perpetua, y Sylvio Claude, líder del Partido Demócrata Cristiano de Haití (PDCH), quemado vivo por las turbas, al parecer militantes del FNCD que le señalaron como una de las conexiones civiles del golpe.

La restauración de Aristide en el poder, que se antojaba ineluctable porque la comunidad internacional en bloque, con un prurito legalista nunca observado antes frente a cualquiera entre las docenas de golpes de Estado que habían acabado con gobiernos democráticos en países en desarrollo en las últimas décadas, no estaba dispuesta a aceptar un estatus quo político dictado por los militares, ahora que los procesos democráticos habían culminado en todo el continente, con la excepción de Cuba y su sistema comunista.

La Administración republicana de George Bush en Estados Unidos no simpatizaba especialmente con Aristide, de cuyo izquierdismo siempre había recelado, pero estaba muy preocupada por la posible llegada a sus costas de una avalancha de boat people haitianos y, después de la remoción del régimen norieguista en Panamá, tampoco quería ninguna dictadura en el Caribe que perjudicara su política de acoso a la Cuba castrista. Con todo, el proceso de reposición de Aristide fue muy tortuoso y, al final, la actitud recalcitrante del triunvirato militar de facto no dejó otra opción que resolver la crisis manu militari.

Las diplomacias de Francia, Estados Unidos y Venezuela, y las delegaciones y enviados especiales de la ONU y la OEA se involucraron en una serie de rondas de negociación con los golpistas y los representantes de los partidos parlamentarios que habían acogido con indisimulada satisfacción el golpe de Estado o que aspiraban a desarrollar un papel neutral y conciliador para la resolución de la crisis, en algunas de las cuales participó personalmente Aristide como parte interesada. Las conversaciones buscaron fórmulas de consenso para el retorno del orden constitucional sobre la base de un nuevo gobierno multipartito, pero fracasaron una y otra vez en torno al punto fundamental: la vuelta de Aristide al país y al poder.

Las acciones unilaterales de los golpistas y sus colaboradores políticos civiles estorbaron también al único desenlace que aceptaban Aristide y la OEA. Así, el 2 de junio de 1992 Nérette, siguiendo instrucciones de los militares, designó primer ministro a Bazin, quien obtuvo la confianza parlamentaria con el boicot del FNCD y que el 19 de ese mes se puso a gobernar en coalición con el PANPRA. Ese mismo día, Nérette cesó en su cargo y Bazin se convirtió también en presidente de la República en funciones. Aristide se apresuró a declarar nula y sin efecto el recambio institucional, pero este rechazo empezó a irritar a la Administración Bush, que consideraba prioritaria la recuperación del orden y la estabilidad por el país caribeño, con o sin, por el momento, Aristide al mando. Ahora bien, la llegada a la Casa Blanca en enero de 1993 de la Administración demócrata de Bill Clinton significó una implicación más decidida de Estados Unidos, que se arrogó un papel señero de mediador y dispuesto a hacer cumplir los acuerdos firmados.

En febrero de 1993, las presiones generalizadas arrancaron del Gobierno de Bazin y de la junta que lo manejaba un acuerdo para el despliegue de una Misión Civil Internacional (MICIVIH), formada por observadores de la ONU y la OEA, para verificar la situación de los Derechos Humanos en el país. El 16 de marzo Aristide fue recibido con carácter privado por Clinton en Washington. El 8 de junio Bazin presentó la dimisión, lo que se interpretó como otra muestra de debilidad de Cédras.

Siete días después, la Asamblea Nacional, a modo de gesto de buena voluntad, aprobó una resolución por la que reconocía a Aristide como el presidente legítimo. Ahora bien, la reposición era meramente simbólica y además estaba condicionada a la designación de un primer ministro aceptable por todas las partes, a la validez de todas las decisiones políticas y administrativas adoptadas desde el 30 de septiembre de 1991 (entre ellas, el nombramiento de Cédras como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y las elecciones senatoriales parciales de enero de 1993, ganadas por la antigua oposición), a la garantía de que se concedería una "amnistía general" y a que la comunidad internacional levantara sus sanciones. La ONU no se sintió impresionada por este movimiento y tan sólo un día después, el 16 de junio, el Consejo de Seguridad resolvió imponer a Haití un embargo petrolero y financiero.

Parecía abrirse camino la solución negociada. El 27 de junio Aristide y Cédras, aunque sin verse las caras, comenzaron en Governors Island, Nueva York, unas conversaciones preliminares facilitadas por el enviado especial de la ONU, el ex canciller argentino Dante Caputo, y el Gobierno estadounidense. El 3 de julio quedó ultimado un documento de "paz" al pie del cual estamparon sus firmas Cédras y, al día siguiente, Aristide. Los acuerdos de Governors Island establecían el regreso de Aristide a Haití para el 30 de octubre después de nombrar a un primer ministro de su gusto, aunque sujeto a la ratificación parlamentaria. Cédras y François tendrían que darse de baja en el Ejército y la Policía, respectivamente, y el Consejo de Seguridad de la ONU procedería al levantamiento de las sanciones, cosa que en efecto sucedió el 27 de agosto. Tres días después se instaló en Puerto Príncipe el jefe de Gobierno nombrado por Aristide el 16 de agosto, el empresario sin filiación Robert Malval.

El 6 de septiembre Aristide aprovechó el compás de espera para ser recibido en el Elíseo por François Mitterrand; se trató de la primera visita oficial de un mandatario haitiano a la antigua metrópoli colonial desde la independencia en el levantamiento revolucionario de 1804. El 23 del mismo mes, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el envío de una Misión de 1.500 policías civiles, MINUH, con el mandato de asistir a las autoridades locales en la implementación de los acuerdos de Governors Island. Pero cuando los efectivos de la MINUH se disponían a desembarcar en Puerto Príncipe, el 11 de octubre, los partidarios de la junta, blandiendo armas y profiriendo amenazas en las mismas instalaciones portuarias, crearon un clima de inseguridad tal que consiguieron abortar la operación. Sin solución de continuidad, una nueva oleada de terror, con asesinatos y hostigamientos, se cebó en los simpatizantes de Aristide y en los miembros del Gobierno Malval, uno de los cuales, el titular de Justicia, Guy Malary, fue acribillado a balazos el 14 de octubre. Medios de comunicación audiovisuales y escritos fueron intervenidos o censurados.

El desafío de Cédras y su gente condujo al restablecimiento de las sanciones por la ONU el 13 de octubre, al bloqueo naval por unidades de la Armada de Estados Unidos tres días después y, finalmente, a la imposición del embargo total por el Consejo de Seguridad el 6 de mayo de 1994, medida solicitada por Aristide con la alegación de que, dada la extrema penuria que padecía su pueblo, los únicos perjudicados por la interrupción del trasiego comercial serían los golpistas y sus familias. El 12 de mayo, el octogenario juez Émile Jonassaint, presidente de la Corte de Casación del Tribunal Supremo, fue colocado por los militares como presidente provisional títere y los ministros de Malval vieron usurpados sus despachos por personal adicto al régimen. En las calles, milicianos del Frente Revolucionario para el Avance y el Progreso en Haití (FRAPH), organización político-paramilitar puesta al servicio de la junta, intensificaron sus amenazas y bravatas.

Ante este sombrío panorama, Aristide negó cualquier posibilidad de negociación y solicitó a la comunidad internacional la intervención militar inmediata como el único modo de restaurar la constitucionalidad y detener las violaciones de los Derechos Humanos. El cansancio y la frustración por el enroque del triunvirato golpista se adueñaron también del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Administración Clinton. Ésta, además, asistía alarmada a la salida masiva de balseros haitianos con destino a la base militar de Guantánamo, en Cuba. Él éxodo por mar, tan temido por Washington, había comenzado.

Como resultado, el 31 de julio de 1994, el Consejo de Seguridad, por la resolución 940, autorizó la creación de una Fuerza Multinacional (FMN) de 21.000 soldados, en nueve décimas partes estadounidenses, para reponer a Aristide por la fuerza. La FMN sería en su momento reemplazada por la MINUH, ampliada a los 6.000 efectivos y convertida en una operación de mantenimiento de la paz a tal efecto. La decisión del máximo órgano responsable de la seguridad internacional era histórica, ya que nunca antes la comunidad internacional se había movilizado con medios bélicos para revertir un golpe de Estado, mientras que para Estados Unidos suponía además su primera intervención militar en el continente contra un régimen derechista en beneficio de un líder que objetivamente podía calificarse de izquierdista.

La operación de invasión, codificada con el nombre explícito de Restaurar la Democracia, comenzó el 19 de septiembre de 1994 sin encontrar oposición alguna, pues Cédras, a través de Jonassaint, había pactado horas antes con el ex presidente estadounidense Jimmy Carter, trasladado en misión de urgencia a Puerto Príncipe, la obtención de garantías de una amnistía total previa a la llegada de Aristide. No obstante, los actos de violencia cometidos por elementos del FRAPH contra los enfervorizados seguidores del presidente obligaron a las tropas norteamericanas a imponer el orden y a desarmar a los paramilitares, que no ofrecieron resistencia.

Carentes ya de cualquier fuerza o apoyo, Cédras, Biamby y François partieron con sus familias al exilio en Panamá y la República Dominicana el 13 de octubre, un día después de dimitir Jonassaint, mientras que Malval y sus ministros recobraron los puestos de los que habían sido desalojados en mayo. El 15 de octubre Aristide regresaba triunfalmente a Puerto Príncipe procedente de Washington, escoltado por una comitiva de altos cargos estadounidenses, con el secretario Warren Christopher a la cabeza, y entre el delirio de decenas de miles de seguidores. Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad de la ONU anulaba el régimen de sanciones. La crisis desatada por el golpe de Estado de septiembre de 1991 había terminado.

En los días siguientes, el presidente formó un Gobierno de coalición que incluyó a representantes del MIDH y a cuyo frente colocó al independiente Smarck Michel, un hombre de negocios seleccionado para transmitir el mensaje de un rumbo económico más pragmático. Además, sometiéndose a las presiones del Vaticano, Aristide anunció la colgadura formal de los hábitos religiosos, aparentemente para simbolizar su renuncia al radicalismo revolucionario que aún pudiera achacársele, como si la estricta condición de laico sirviera para borrar su adscripción a la Teología de la Liberación. Consciente de que su restitución presidencial había sido gracias a un compromiso sin precedentes de Estados Unidos, Aristide multiplicó los llamamientos a la no violencia y a la reconciliación nacional, una actitud cautelosa que mereció los elogios de las cancillerías extranjeras.

Para prevenir futuras intentonas golpistas y acabar de una vez por todas con una amenaza inveterada al Estado de derecho haitiano, el presidente decretó la disolución de las Fuerzas Armadas, a las que se refirió como un "cáncer", y la creación, supervisada por la MINUH, de una Policía Nacional (PNH) de carácter civil e integrada por 6.000 agentes. Por lo demás, la situación de la seguridad se fue normalizando. El 31 de marzo Aristide de 1995 recibió en Puerto Príncipe a Clinton y al secretario general de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, en la víspera de la ceremonia de la transferencia del mando de la FMN a la MINUH. 2.400 soldados del contingente estadounidense se quedaron como personal adscrito a la MINUH, hasta la celebración de las elecciones.

Los comicios legislativos se celebraron a tres vueltas el 25 de junio, el 23 de julio y el 17 de septiembre de 1995. A pesar de la supervisión de los 180 observadores de la OEA y de la vigilancia de los cascos azules, los policías internacionales de la MINUH y la PNH, se registraron numerosas irregularidades y el proceso resultó en su conjunto sumamente confuso y bronco. Algunas de las irregularidades fueron meros errores de organización, pero otras (intimidaciones, destrucción de papeletas, quema de urnas) constituyeron manipulaciones en toda regla que para la oposición estaban destinadas a favorecer la lista oficialista Plataforma Política Lavalas, liderada por el nuevo partido montado por los partidarios del presidente, la Organización Política Lavalas (OPL), y también integrada por el Movimiento de la Organización del País (MOP) y el Partido Louvri Barye (PLB).

En una mudanza preocupante que vaticinaba turbulencias políticas, el FNCD, otrora pilar de Aristide, concurrió enfrentado con el presidente y a la hora de denunciar las violaciones del procedimiento electoral no se mordió la lengua. Uno de sus líderes, Evans Paul, notorio tribuno de la resistencia a la dictadura de Cédras y que hasta hacía muy poco había sonado como el probable sucesor de Aristide, resultó derrotado en la reelección como alcalde de la capital. El MIDH de Bazin y el centrista Movimiento por la Reconstrucción Nacional (MRN) de René Theodore se sumaron al boicot electoral. Finalmente, la OPL y sus aliados conquistaron una mayoría absoluta de 68 diputados y 17 senadores, abultada cuota de poder legislativo, de ribetes hegemónicos, que, manipulaciones aparte, volvía a demostrar el masivo respaldo ciudadano al ex sacerdote, pero produjo también inquietud en una oposición fragmentada y con dificultades para implantarse en los estratos populares.

El 16 de octubre dimitió el primer ministro Michael por las reticencias de Aristide a adoptar el programa de austeridad demandado por el FMI como condición para conceder a Haití un crédito stand-by. Su sustituta fue la ministra de Exteriores, Claudette Werleigh, personalidad más dúctil a los deseos del jefe del Estado. Dio la sensación de que Aristide no quería erosionar su vasta base de apoyos dando el aval a una decisión económica perentoria pero impopular, ahora que se acercaba el final de su mandato.

De mala gana, el antiguo eclesiástico aceptó no descontar de su período presidencial los años pasados en el exilio y, de entrada porque se lo impedía la Constitución, no se postuló para el segundo mandato consecutivo en las elecciones presidenciales celebradas el 17 de diciembre de 1995. Boicoteadas por la mayor parte de la oposición (MIDH, MRN, PANPRA, FNCD), crecientemente hostil al oficialismo, y validadas por los monitores internacionales, las votaciones fueron ganadas por el candidato de la OPL, el ex primer ministro Préval, que barrió con el 87,9% de los votos a trece contrincantes, de los cuales sólo tenía relevancia el socialista Víctor Benoït. La bajísima participación, del 28%, puso un nubarrón adicional a la jornada democrática, ya deslucida por el boicot generalizado de la oposición.


4. Ruptura del Lavalas, ascendiente sobre Préval y regreso al poder en 2001

El 7 de febrero de 1996, 18 días después de contraer matrimonio con la mulata Mildred Trouillot, abogada haitiana y estadounidense de adopción que le había servido como asesora legal durante el exilio, Aristide entregó los atributos presidenciales a Préval. La efeméride sería recordada como el primer traspaso entre presidentes elegidos democráticamente en Haití. Con sus cotas de popularidad intactas, el ex mandatario continuó presente en la vida nacional. En un primer momento lo hizo de manera discreta, pasando la mayor parte del tiempo en su villa al norte de Puerto Príncipe, dedicado a formar una familia y a poner en marcha la Fundación Aristide por la Democracia, con el objetivo de auxiliar al Gobierno en las campañas de alfabetización y de apoyar iniciativas locales de desarrollo comunal.

Pero el apartamiento de la política duró sólo unos meses. La reanudación del diálogo crediticio entre el Gobierno del primer ministro nombrado por Aristide, Rosny Smarth, y el FMI, y, ligado a ello, el anuncio por el presidente de un plan de racionalización económica consistente en la privatización de empresas del Estado deficitarias, la reducción de la plantilla de funcionarios y la organización de un sistema tributario moderno, sumieron al partido del poder en una grave crisis interna que enfrentó a los partidarios de Préval y a un nutrido sector del ala izquierda cuyo caudillo natural no podía ser sino Aristide. La escisión era imparable y en noviembre de 1996, el mes en que nació la primera de sus dos hijas, Christine, el ex presidente bendijo la creación de la Fanmi Lavalas (Familia Lavalas), partido personalista que debía allanar el terreno para su regreso a la Presidencia en las próximas elecciones y que de entrada se concentró en regatearle parcelas de poder a la OPL y a Préval, cuyo quinquenio presidencial iba a caracterizarse por el enfrentamiento permanente con la Asamblea Nacional, la cual le vetó el nombramiento de dos primeros ministros tras la renuncia de Smarth.

La Fanmi Lavalas participó en las elecciones del 6 de abril de 1997 para renovar los consejos locales y 11 escaños de la Asamblea Nacional, nueve del Senado y dos de la Cámara de Diputados. La segunda vuelta, prevista para el 22 de abril, no llegó a celebrarse en medio de una fenomenal polémica por las acusaciones opositoras al Consejo Electoral Provisional (CEP) de parcialidad en favor de los aristidianos. El 9 de junio siguiente, Smarth presentó la dimisión haciéndose eco de aquellas denuncias y como protesta también por las interferencias de Aristide en el proceso de diálogo con el FMI. En octubre de 1999 el ex presidente obligó a Préval a cesar al ministro de Seguridad Pública, Robert Maurel, al que unas amenazas de muerte le empujaron a abandonar el país.

El partido de Aristide hizo la más contundente demostración de arraigo popular en las legislativas del 21 de mayo y el 30 de julio de 2000, cuando acaparó nada menos que 72 de los 82 diputados y 26 de los 27 senadores, aunque en virtud también del boicot general de la oposición, que volvió a poner el grito en el cielo por las intimidaciones que realizaban a su antojo los prosélitos de Aristide. Los partidos opositores se negaron a participar en la segunda ronda y los monitores de la OEA también rehusaron supervisarla, después de que el presidente del CEP se viera obligado a renunciar y, acto seguido, a poner tierra de por medio, atemorizado por las conminaciones de Préval y Aristide a que avalara el primer escrutinio. En cuanto al partido de Préval, ahora llamado Organización del Pueblo en Lucha (OPL), quedó completamente laminado por la FL y sólo obtuvo un diputado.

Las legislativas de mayo y julio fueron percibidas como el anticipo de lo que iba a suceder en las presidenciales del 26 de noviembre, a las que Aristide se presentaba aureolado como el verdadero hombre fuerte del país, por delante de un Préval sumamente debilitado. Dicho y hecho, Aristide avasalló con el 91,8% de los votos a seis adversarios, ninguno de los cuales tenía entidad. Todos los cabezas de facción con cierto relieve se desentendieron de un proceso cuyo resultado estaba cantado de antemano, mientras que la comunidad internacional, decepcionada por la negativa de las autoridades a revisar el recuento de los comicios de mayo, decidió no enviar observadores. El CEP manejó un nivel de participación del 60%, pero nadie fuera del oficialismo aceptó esta cifra; según la oposición, el índice real no había excedido el 10%, lo que convertía a la elección en una "farsa".

Inasequible a las preocupaciones, Aristide declaró que su propósito era traer la "paz en la mente y en la tripa" a todos los haitianos y "construir una nación de amor enraizada en la democracia", nada más lejos de la intención, imputada por sus enemigos, de planear la implantación de una "dictadura". El 7 de febrero de 2001 el azaroso periplo vital de Aristide comenzó una nueva etapa con la inauguración de su segundo mandato presidencial de cinco años, acto que resultó deslucido por el bajo nivel de las representaciones exteriores (embajadores, fundamentalmente): el único gobernante que asistió fue el primer ministro de Belice, Said Musa. El mismo día, la ONU clausuró en Puerto Príncipe su Misión Internacional Civil de Apoyo (MICAH), que desde marzo de 2000 había asesorado al Gobierno haitiano en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y en la observancia de los Derechos Humanos.


5. Los desafíos del segundo mandato: cúmulo de problemas y acentos autoritarios

En febrero de 2001 Aristide regresó a la jefatura del Estado con la comunidad internacional mal encarada y la mayor parte de la ayuda al desarrollo y las líneas de crédito en suspenso y condicionadas a la normalización política. Recuperar la confianza de los donantes foráneos, apaciguar a los partidos de la oposición, arreglar la parálisis institucional y poner orden en las calles, donde los ramalazos de pistolerismo político convivían con una explosión del crimen organizado y la delincuencia común, eran cuatro labores urgentes a las que se sumaba una necesidad no menos perentoria: dar satisfacción a los millones de depauperados que, con desesperación creciente, habían visto en los últimos 15 años sucederse las dictaduras y los gobiernos elegidos sin notar la mínima mejora en sus deplorables condiciones de vida.

Según un reciente estudio de la ONU, el 80% de los haitianos estaba desempleado o subempleado. El porcentaje venía a coincidir con el número de pobres. Dos terceras partes de la población vivían con una dieta alimenticia que no cubría sus necesidades nutricionales básicas. Muy vago sobre las recetas que pensaba aplicar, durante la campaña electoral Aristide habló de crear medio millón de puestos de trabajo, aunque nadie sabía cómo podría realizar tamaña hazaña en ausencia de inversiones públicas o privadas. El presidente tampoco aclaró si iba a dejar atrás su hostilidad a las fórmulas fondomonetaristas para insuflar oxígeno a las ahogadas finanzas públicas y poner coto a la inflación, que había vuelto a escalar por encima del 10%. Todo ello, en una coyuntura de desplome económico: el año iba a terminar con un crecimiento negativo del PIB del 1,1%, mientras que el crecimiento demográfico se situaba en el 1,3%. Semejante desequilibrio abocaba al país a un empobrecimiento exorbitante de impredecibles consecuencias sociales y políticas.

El cúmulo de problemas era ingente y las circunstancias que rodearon la investidura del nuevo ejecutivo no invitaron al optimismo. De entrada, 15 partidos de la oposición, agrupados bajo el paraguas de la Convergencia Democrática (CD) y capitaneados por Evans Paul, advirtieron que no reconocían la legitimidad de Aristide. Ya el mismo 7 de febrero, la CD celebró un acto paralelo en el que eligió "presidente provisional" al ex ministro de Justicia y activista humanitario Gérard Gourgue, y reiteró su demanda de nuevas elecciones legislativas en el más breve lapso.

Como consecuencia de este desafío, la CD no fue invitada a participar en las conversaciones para la formación del nuevo Gobierno encabezado por Jean-Marie Chérestal, miembro de la Fanmi Lavalas y ministro en el primer Ejecutivo de Aristide, quien le nombró para el cargo el 9 de febrero. El Gabinete de Chérestal tomó posesión el 2 de marzo e, inesperadamente, incluyó a personalidades conservadoras como Bazin, quien aceptó tomar la cartera de Planificación y Cooperación Internacional, e incluso a viejos nombres del duvalierismo, teóricamente reconvertidos a los hábitos democráticos.

El nombramiento de Chérestal, servidor público con amplia experiencia ministerial y en la interlocución económica con el extranjero, fue visto como una apuesta de Aristide para obtener el desbloqueo de fondos internacionales por valor de 500 millones de dólares, suma equivalente al 172% del conjunto de las exportaciones haitianas. En parte para congraciarse con el FMI, en parte porque no había otro remedio ante el agotamiento de las arcas públicas, el Gobierno continuó la política de la administración precedente de ir liberalizando los precios subsidiados de ciertos productos básicos, como los combustibles, al tiempo que intentaba mantener a flote las campañas de lucha contra el sida y el analfabetismo. Mientras las delegaciones negociaban fatigosamente en las palestras internacionales, en casa, Aristide se las vio y se las deseó para capear una inagotable sucesión de disturbios, asaltos, sediciones y agitaciones violentas de toda laya que abocaron al país al callejón sin salida.

El 28 de julio de 2001, hombres armados y vestidos con ropas de camuflaje, presuntamente antiguos oficiales del Ejército, atacaron tres estaciones policiales en otras tantas localidades del norte y el sur así como la Academia de la PNH en Puerto Príncipe, matando a cinco agentes. En noviembre, la norteña Cap-Haïtien, segunda ciudad del país, vivió dos jornadas de huelga general convocada por la CD y que terminó en serios desórdenes públicos. Al cabo de un mes, el 17 de diciembre, un comando formado por una treintena de hombres penetró en el Palacio Nacional cuando Aristide no se hallaba en el edificio y se abrió paso a tiro limpio antes de ser rechazado por el servicio de seguridad. Ocho personas resultaron muertas en la refriega, entre rebeldes, defensores y transeúntes, y a su término, miles de encolerizados militantes de la Fanmi Lavalas, algunos portando machetes y armas cortas de fuego, salieron a la caza y captura de los rebeldes en fuga, a cuatro de los cuales dieron muerte cerca de la frontera dominicana. La furia vengativa de estos exaltados no se detuvo ahí y la emprendieron también, con total impunidad, con inmuebles de los partidos opositores.

El poder habló de un intento de golpe de Estado de elementos desmovilizados del Ejército y de la propia PNH, y en particular señaló al ex comisario Guy Philippe, destituido el año anterior por Préval bajo la acusación de conspirar y quien en lo sucesivo, desde su exilio a caballo entre la República Dominicana y Ecuador, iba a proyectar su sombra amenazadora. Puerto Príncipe reclamó a las autoridades de Santo Domingo la entrega de Philippe cuando tuvieron constancia de que el fugitivo se ocultaba en el país vecino, y la visita de Aristide al presidente Hipólito Mejía el 16 de enero de 2002 estuvo centrada en este punto, aunque el mandatario haitiano se vino con las manos vacías. Por lo demás, en las redadas que sucedieron a la intentona fue detenido el ex coronel Guy François, un oficial que había conspirado para derrocar al dictador Avril en 1989. Los dirigentes de la oposición civil se desentendieron de los sucesos del 17 de diciembre y los valoraron como la excusa ideal del Gobierno para intentar silenciarles a ellos. No habían transcurrido 48 horas desde la decepcionante entrevista en Santo Domingo cuando Chérestal, dignatario muy impopular en las bases de la Fanmi Lavalas, envió la carta de dimisión a Aristide como resultado del cúmulo de críticas de que venía siendo objeto dentro y fuera del oficialismo por su incapacidad para revertir las fortunas económicas; más aún, se le acusaba de enriquecimiento ilícito con motivo de la reciente adquisición para su disfrute de una residencia valorada en 1.700.000 dólares, un dispendio que a los parlamentarios les parecía intolerable.

El 14 de marzo la Asamblea invistió al hombre de toda confianza designado por Aristide, Yvon Neptune, hasta ahora presidente del Senado y presidente en funciones de la Fanmi Lavalas, considerado un duro del oficialismo. En el primer aniversario del inicio del mandato, poco o nada tenía Aristide que celebrar. Para entonces, un buen número de intelectuales, activistas sociales y antiguos compañeros de luchas políticas habían abandonado al presidente, que empezó a endurecer su discurso contra la oposición y a culpabilizar al "terrorismo económico" de los gobiernos extranjeros por el marasmo general, si bien aquellos dejaron claro que no habría ayuda hasta que Gobierno y oposición se pusieran de acuerdo sobre la celebración de nuevas elecciones legislativas.

El caso era que cada vez más malhechores cometían sus delitos invocando al presidente, quien parecía no querer reaccionar ante los desmanes cometidos en su nombre, aunque por otro lado no resultaba fácil discernir dónde empezaba el delito común camuflado de acción partidista y dónde la violencia política espontánea o planificada dirigida contra quienes eran considerados enemigos. La PNH acaparó buena parte de las denuncias de brutalidad, corrupción y tráfico de drogas (un porcentaje sustancial y creciente de la cocaína colombiana en tránsito a Estados Unidos hacía escala en Haití), y se convirtió en objeto de luchas de poder por los diversos grupos políticos que aspiraban a controlar la única fuerza armada del país.

La muestra más convincente de la progresiva deriva autoritaria de la presidencia de Aristide fue la persecución desatada por bandas presuntamente incontroladas contra periodistas y comunicadores críticos con el poder, algunos de los cuales fueron asesinados y otros más tuvieron que abandonar el país. Estas violaciones de los Derechos Humanos se venían produciendo desde el último año de la administración de Préval, pero ahora adquirieron tal gravedad que la ONG Reporteros Sin Fronteras actualizó su lista de gobernantes "predadores" de la libertad de prensa con la inclusión de Aristide, que pasó a compartir este deshonor con dictadores y autócratas de todo el mundo.

El 5 de julio de 2002 Aristide se apuntó un importante tanto en sus esfuerzos para romper el aislamiento exterior que atenazaba a Haití con el ingreso del país como miembro pleno, tras un lustro de provisionalidad, en la CARICOM. La decisión fue adoptada por el núcleo de países miembros anglófonos con un criterio más político que económico, ya que el empobrecido país francófono, con una renta per cápita diez veces menor que las de Bahamas o Barbados y urgentemente necesitado de ayuda, bien poco podía contribuir al desarrollo del mercado común del bloque caribeño. De todas maneras, una de arena y otra de cal, puesto que pocos días después, el secretario general adjunto de la OEA, Luigi Einaudi, arrojó la toalla en sus intentos de sentar en una mesa de diálogo a Gobierno y oposición. La CD dejó muy claro que a menos que Aristide desarmara a sus partidarios y que los autores de los ataques a sus sedes fueran llevados ante la justicia, no habría nada que negociar. Fracasó así la tercera misión de Einaudi en lo que iba de año.

A principios de agosto Aristide encajó un nuevo y serio sobresalto con la caída temporal de Gonaïves, cuarto núcleo urbano del país, bajo el control de una muchedumbre armada que acorraló a los efectivos policiales leales al Gobierno, prendió fuego al Ayuntamiento y al tribunal local de justicia, y llamó a la insurrección nacional. Los medios de comunicación identificaron a algunos revoltosos como antiguos seguidores del sacerdote salesiano que se consideraban "traicionados" por éste al acordarse de ellos únicamente para que le sirvieran como tropa de choque contra la oposición.

Dato muy inquietante para el Gobierno, a la cabeza de los disturbios de Gonaïves estuvo Amiot Métayer, conocido cabecilla de una banda de violentos relacionados con el narcotráfico de tremebundo nombre, el Ejército Caníbal, cuyos servicios represivos había prestado a Aristide hasta que éste ordenó su arresto y encarcelamiento en relación con los incendios provocados que siguieron al fallido golpe del 17 de diciembre del año anterior. Ante el cariz que tomaban los acontecimientos, los ministros Bazin y Jean-Baptiste Brown, titular de Justicia, resignaron el 20 y el 29 de septiembre, respectivamente. La pérdida por Aristide de estos dos políticos respetados y moderados sólo podía hacer más difícil el entendimiento con la CD.

En noviembre de 2002 la agitación antigubernamental se trasladó de nuevo a Cap-Haïtien, escenario de manifestaciones más nutridas de lo habitual que, excitadas por el vehemente Evans Paul, exigieron lisa y llanamente la dimisión de Aristide y su ingreso en prisión por "ladrón" y "dictador". En el propio Puerto-Príncipe se desarrollaron protestas de los estudiantes por las injerencias del Ministerio de Educación en los órganos de gobierno de la Universidad y la subida de las tasas académicas. La nueva oleada de malestar se nutría del reciente derrumbe de un esquema piramidal de inversiones, que dejó sin los ahorros de toda una vida a decenas de miles de haitianos, y del imparable encarecimiento de la cesta de la compra, con la moneda nacional, el gourde, devaluado un 40% en los últimos doce meses. Los rumores de que el Gobierno se disponía a atajar la crisis de liquidez del Estado y el desplome monetario mediante la conversión a gourdes de los depósitos bancarios en dólares y rentados con un tipo de interés superreducido desató una cascada de reintegros en metálico: en tan sólo tres días, las cajas de los bancos vieron esfumarse 20 millones de dólares, con el consiguiente agravamiento de la penuria financiera.

Un cierto clima de polarización social y enfrentamiento civil, a semejanza —aunque menos cívico y más descontrolado— del vivido en Venezuela bajo Hugo Chávez se instaló en el país insular. Las marchas de protesta empezaron a ser puntualmente replicadas y, en ocasiones, enfrentadas físicamente, con el resultado de muchos heridos y algunos muertos, por contramanifestantes lealistas que aseguraban estar dispuestos a todo para defender al presidente y el Gobierno, desde el cual recibían expresiones de justificación. La aparición de barricadas en la capital, la proliferación de patrullas de "autodefensa" a cargo de las "organizaciones populares" de la Fanmi Lavalas y la inhibición de las fuerzas del orden alarmaron a la comunidad empresarial, que acusó a las autoridades políticas de tolerar un "clima de terror" en el país. El 4 de diciembre, buena parte de la actividad comercial, bancaria y escolar cesó por una huelga nacional convocada por las asociaciones patronales y estudiantiles. En Cap-Haïtien, Gonaïves y Petite Goâve, al oeste de Puerto Príncipe, la PNH se enfrentó a los manifestantes.

Aristide se mostró desafiante: no tenía ninguna intención de dimitir, sus oponentes lo único que pretendían era "sabotear el progreso de Haití" y los proveedores de fondos estaban socavando la estabilidad del país. La situación realmente se enquistó por la incapacidad de unos y de otros para consensuar un adelanto electoral, por el numantinismo de Aristide y por el fracaso de la oposición civil a la hora de capitalizar todo el malestar social en auge y el descontento de la comunidad internacional. Lo único que cambió a lo largo de 2003 fue el nivel de la violencia, siempre hacia arriba.

De estratagema populista tacharon los detractores del presidente su decreto del 4 de abril de 2003 por el que el vudú pasaba a ser reconocido como "religión de pleno derecho", con un estatus legal similar al del Catolicismo dentro del Estado aconfesional que asienta la Constitución de 1987; en lo sucesivo, los sacerdotes vuduistas podrían solicitar al Gobierno licencia para practicar bautizos, celebrar matrimonios y conducir funerales. Estudiosos y practicantes de este culto sincrético y popular que hunde sus raíces en las creencias traídas en el siglo XVIII por los esclavos africanos procedentes del golfo de Guinea acogieron encantados la sorprendente iniciativa presidencial, en un país del que muchas veces se ha dicho, medio en serio, medio en broma, que es "un 80% católico y un 100% vuduista".

A mediados de mayo, el Gobierno anunció con satisfacción que había alcanzado un acuerdo con el FMI (instado por la OEA para que fuera flexible) sobre la recepción de un crédito de entre 100 y 150 millones de dólares para financiar el crecimiento y luchar contra la pobreza sujeto a la presentación y el cumplimiento durante 12 meses de un plan de estabilización del gourde con las metas de reducir el déficit público del 5,2% al 2,7% y la inflación del 13% al 10% anual. Dos meses después, fue el BID el organismo multilateral de crédito que accedió a aflojar su faltriquera, inyectando 220 millones a los programas educativos y sanitarios del Gobierno.

En 2003, sin embargo, las buenas noticias desde el exterior fueron opacadas por el cada vez más sombrío panorama interno. El 25 de julio, pistoleros sin identificar emboscaron una comitiva del Ministerio del Interior en una carretera del Departamento Centre y mataron a cuatro funcionarios. Con estas víctimas ascendían a 25 las personas asesinadas por bandas de dudosa naturaleza —sicarios políticos o bandoleros sin escrúpulos, o ambas cosas a la vez— en el altiplano central desde comienzos de año. El 22 de septiembre fue encontrado en la cuneta de una carretera local en la localidad costera de Saint Marc el cadáver balaceado del Amiot Métayer, el hampón revuelto contra Aristide después de haberle prestado sus servicios, lo que desató algaradas de los enfurecidos integrantes del Ejército Caníbal. El 25 de noviembre recibió la visita de los pistoleros en su residencia de Cap-Haïtien Jean-Robert Lalane, activista de la coalición opositora Frente del Distrito Norte y apologista de la dimisión de Aristide desde los micrófonos de su emisora Radio Maxima; Lalane resultó herido en el atentado y salvó la vida.

En diciembre, la crisis entró aparentemente en un punto de no retorno. Puerto Príncipe se convirtió en el centro de manifestaciones antigubernamentales prácticamente diarias con los estudiantes como punta de lanza. La intervención contundente de las fuerzas antidisturbios y las bandas de civiles lealistas organizados, los violentos Chimères, dejó una retahíla de heridos en el otro bando. Varias estaciones de radio privadas se vieron obligadas a suspender sus emisiones por las agresiones y las amenazas de turbas que, cada vez con menos disimulo, gozaban del patrocinio y el respaldo del Gobierno. Incluso el rector de la Universidad, Pierre-Marie Pacquiot, fue apaleado en un asalto al recinto académico y tuvo que ser hospitalizado. En todo el país, los fallecidos por la violencia política desde mitad de septiembre sumaban la cuarentena.


6. La violenta revuelta de 2004 y la caída de Aristide

En estas tristes condiciones se conmemoró el 1 de enero de 2004 el bicentenario de la proclamación de la independencia, primera de una república negra en el mundo y segunda en América, por los generales Dessalines, Pétion y Christophe, continuadores de la lucha emprendida en 1791 por esclavo liberto Toussaint L'Ouverture; entonces, la liberación de los franceses costó una enorme efusión de sangre, y ahora, los estallidos de violencia que habían jalonado estos dos siglos se cernían sobre la presidencia de Aristide, a punto de pasar a los anales políticos de este malhadado país como el último en una larga lista de tribunos populares que, más tarde o más temprano, por autoritarismo, autismo o incompetencia, terminaron arruinando las esperanzas de las masas de desheredados que los habían proyectado al poder y quedaron abocados a la caída.

La presencia en Puerto Príncipe del presidente sudafricano Thabo Mbeki con motivo del 200º aniversario de la independencia suscitó esperanzas de que este país pudiera realizar una labor de mediación neutral en el desbarajuste político, pero el propio huésped se encargó de descartar esa posibilidad; a cambio, Mbeki anunció la próxima firma de unos acuerdos de cooperación bilaterales y la concesión de 1,5 millones de dólares para sufragar las festividades del bicentenario.

Por su parte, la llamada Plataforma Democrática de la Sociedad Civil y de los Partidos Políticos de la Oposición presentó una "alternativa de transición" consistente en la salida del "régimen irresponsable, criminal y despótico" de Aristide y su sustitución por un presidente interino seleccionado entre los jueces de la Corte de Casación y asistido por un Consejo de Gobierno de transición con mandato hasta la celebración de elecciones. La CARICOM recibió en Jamaica a una delegación de la Plataforma, a la que propuso la designación de un primer ministro independiente y el despliegue de una fuerza policial multinacional. Aristide se mostró dispuesto a negociar el nombramiento de un nuevo primer ministro y un gobierno abierto a los partidos de la oposición y la sociedad civil, pero insistió en agotar su mandato en 2006. La Plataforma dejó claro que la dimisión de Aristide y la disolución de los brutales chimeres eran precondiciones para cualquier arreglo de la crisis. El progresivo enconamiento del conflicto, con demasiado odio y resentimiento desatados, no propiciaba la facilitación extranjera.

El 5 de febrero de 2004, cuando los muertos en el último medio año superaban la cincuentena, los espectros de la anarquía generalizada, la devastación de las infraestructuras del país y la guerra civil asomaron en provincias con la captura de la ciudad de Gonaïves, emblema de la independencia nacional por ser el epicentro de la revuelta anticolonial de los esclavos y libertos en el siglo XVIII (amén de origen a finales de 1985 del alzamiento que terminó derrocando a Duvalier semanas después), por las huestes reorganizadas del Ejército Caníbal. Este se hacía llamar ahora Frente de Resistencia Revolucionario de Artibonite (FRRA) y también Frente para la Liberación y la Reconstrucción Nacionales (FLRN), el cual no perdonaba el asesinato de su jefe Amiot Métayer. Aparentemente, esta banda de malhechores con ínfulas de guerrilla de liberación pasó a estar dirigida por el hermano del ejecutado, Butteur Métayer, y dos de sus lugartenientes, Winter Etienne y Milfort Ferdinand, alias Ti Will, los cuales se proclamaron respectivamente jefe regional de la Policía, alcalde y comisario de la "ciudad liberada" de Gonaïves.

Los rebeldes, comportándose como hordas de saqueadores y asesinos, tomaron los edificios gubernamentales y las comisarías, vaciaron la prisión y pusieron en fuga a los agentes de la PNH no sin antes linchar hasta la muerte a algunos de ellos. Dos días después, el intento por parte de 150 policías de recuperar la ciudad fracasó estrepitosamente con el resultado de 18 muertos en ambas partes. Para el Gobierno, quienes se habían hecho fuertes en Gonaïves eran "terroristas" con pretensiones de un "golpe de Estado". La portuaria Saint Marc, al sur de Gonaïves y también en el Departamento Artibonite, cayó igualmente en manos del FRRA/FLRN y fue pasto de un pillaje que no respetó ni las llantas de los vehículos.

El 10 de febrero los gubernamentales anunciaron la reconquista de Saint Marc en batalla campal a la vez que Grand-Goâve, Dondon y otras localidades, con lo que contuvieron el avance de la rebelión hacia el sur y Puerto Príncipe, si bien esta victoria no iba a poder sostenerse por la enorme debilidad, cuantitativa y cualitativa, de la única fuerza armada que podía oponer Aristide a unos enemigos extremadamente agresivos y a los que no les faltaban ni pertrechos, ni reclutas ni apoyo de los paisanos. La reacción vengativa de los chimeres por los sucesos en el centro-norte no se hizo esperar, y en Cap-Haïtien prendieron fuego a los edificios que alojaban a dos radios antigubernamentales. También se reportaron desmanes revanchistas en las ciudades recuperadas. En Puerto Príncipe, los partidos de la Plataforma estaban divididos sobre si brindar respaldo político a la caótica insurgencia armada, cuyas confusas proclamas patrióticas y democráticas chirriaban con las atrocidades que perpetraban, o si mantener las distancias y seguir apostando por el cambio pacífico; por el momento prevaleció lo segundo.

El 13 de febrero Aristide comunicó a la OEA y la CARICOM que aceptaba su propuesta de enviar una fuerza policial internacional y se sintió vindicado por la afirmación del secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, de que ni su país ni la comunidad internacional iban a aceptar